En el decreto se indican las áreas dónde se espera que la comisión busque partidas donde hacer recortes:
- Establecer límites máximo de las remuneraciones del personal de alto nivel de la administración pública.
- Eliminar el pago de bonos que no estén contemplados en la Ley.
- Ampliar el alcance de la prohibición de adquisiciones y remodelaciones de sedes de oficinas públicas.
- Prohibir nuevos alquileres y revisar el uso que se da a los actuales espacios alquilados.
- Racionalización del gasto en papelería.
- Reducción o sustitución de bienes y servicios sin afectar la "eficiencia administrativa".
- Utilización de tecnologías de la información y automatización de procesos.
- Reducción de gastos en servicios públicos que se prestan a la administración: agua, electricidad, telefonía móvil y fija.
- Campañas comunicacionales dirigidas a los empleados públicos para concienciar en la necesidad de reducir los gastos.
- Medidas especiales de supervisión y evaluación de cumplimiento de presupuestos.
- Aplicar instrumentos regulatorios que permitan reglamentar el uso "racional y eficiente" de los recursos.
- Estímulos y sanciones para quienes aplique el cumplimiento de los planes de ahorro.
- Evaluar y autorizar el incremento de la nómina estatal.
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